La muerte de Ricardo Martínez deja preguntas sobre el operativo en Santa Marta

La muerte de Ricardo Andrés Martínez Rodríguez, de 18 años, enfrenta dos versiones que todavía no han sido aclaradas públicamente: el Gobierno lo incluyó entre los fallecidos en un operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), mientras su familia afirma que era un trabajador rural sin vínculos con ese grupo. La diferencia importa porque la operación se presentó como un golpe a una organización armada, pero las autoridades no han explicado qué participación atribuyen al joven.

La familia denuncia que Ricardo era un civil y pide que se esclarezcan las circunstancias de su muerte. La información disponible permite reconstruir su recorrido hasta la zona del operativo y las gestiones de sus allegados para identificar y recuperar el cuerpo. Sin embargo, no ofrece una conclusión independiente sobre su conducta durante el despliegue ni sobre las circunstancias exactas del disparo.

Qué se sabe de Ricardo y por qué estaba en la zona

Ricardo vivía con su familia en una finca rural. Los Martínez habían llegado allí desplazados por la violencia en Valledupar unos diez años antes. Según el relato de su madre, Marelvis Rodríguez, el joven alternaba trabajos de albañilería y labores agrícolas, entre ellas ayudar a limpiar terrenos para sembrar. La familia lo describe como jornalero: alguien que encontraba empleo por día y mediante recomendaciones.

En abril, Ricardo viajó a Ocaña para presentarse a pruebas de incorporación al Ejército. Su madre contó que lo rechazaron por problemas de salud mental que había tenido durante la adolescencia. Después volvió a la finca y siguió buscando trabajo. Ese antecedente explica un proyecto que tenía, pero no demuestra por sí solo qué hacía en el momento del operativo.

Una semana antes de su muerte, madre e hijo fueron al centro de Santa Marta a comprar ropa con el dinero que él había ganado como albañil. La familia cuenta que poco después recibió una oferta para trabajar con ganado en Quebrada del Sol. Ricardo viajó a esa zona y avisó que dejaría su teléfono a reparar en una vereda del camino. Sus allegados no volvieron a hablar con él antes de que su nombre apareciera entre los muertos de la operación.

El operativo y la versión oficial sobre los fallecidos

La Policía Antinarcóticos desplegó el operativo el 21 de septiembre para localizar a José Luis Pérez Villanueva, conocido como Cholo y señalado como segundo al mando de las ACSN. Esa noche, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la muerte de Pérez y de otros seis hombres. La Policía difundió un comunicado, fotografías y un video del despliegue.

Las imágenes oficiales mostraban siete cuerpos y armas y brazaletes atribuidos a las ACSN. De la Espriella presentó la incursión como un golpe al mando, al control y a las finanzas de la organización. En ese marco público quedaron incluidos los siete fallecidos, aunque la información difundida no explica de manera individual qué función habría cumplido cada persona.

El Ministerio de Defensa reconoció que Ricardo fue uno de los hombres muertos durante la operación contra el grupo. A la vez, sostuvo que ninguna fuente oficial de la Fuerza Pública había afirmado que el joven fuera hijo de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, jefe paramilitar perseguido por el Gobierno. La aclaración respondió a publicaciones en redes que difundían esa versión y una imagen manipulada con inteligencia artificial. Según el reportaje de EL PAÍS, la fotografía original mostraba a otro joven y procedía del Catatumbo.

Defensa también rechazó que las versiones difundidas buscaran, en sus palabras, otra cosa que distorsionar los hechos y confundir a la ciudadanía sobre actuaciones legítimas del Estado. Sin embargo, el ministerio no detalló cuál habría sido el papel de Ricardo dentro de la organización armada. Esa falta de precisión deja sin respuesta una pregunta central para su familia y para comprender la operación.

La identificación del cuerpo y los límites de lo confirmado

Marelvis no pudo llegar al lugar del despliegue porque las autoridades bloquearon el paso. Al saber que podía haber un civil entre los fallecidos, viajó a Barranquilla, donde habían trasladado los cuerpos. Medicina Legal confirmó a EL PAÍS que recibió siete cadáveres para identificar, incluido el de Ricardo. La identificación del joven, según le comunicaron a su madre, se hizo mediante huellas dactilares.

La familia esperó varios días para que le entregaran el cuerpo. El hermano de Ricardo, Franklin Quintero, dijo que durante tres jornadas no le permitieron verlo en la morgue. Accedió finalmente el jueves. La demora y la incertidumbre sobre la identificación aumentaron la angustia de los allegados, que aseguran que no habían recibido información suficiente sobre lo sucedido.

La madre sostiene que Medicina Legal le informó de un solo disparo en el pecho. Esa información permite describir la lesión reportada, pero no establece por sí misma quién disparó, en qué momento ni bajo qué circunstancias. La familia también recibió la ropa que Ricardo llevaba puesta. Entre esas prendas estaba una de las que había comprado con su madre pocos días antes.

Una mujer de la zona contó a la familia que ella y Ricardo se escondieron juntos cuando entraron los agentes. Según ese relato, un policía separó al joven y le disparó. Los familiares reconocen que no tienen cómo confirmar esa versión. Por eso, la atribución de responsabilidad y la secuencia precisa de los hechos siguen siendo cuestiones por investigar, no conclusiones que puedan darse por establecidas.

La denuncia familiar y las preguntas pendientes

La reacción pública de Marelvis comenzó frente a la morgue, donde mostró un cartel para afirmar que su hijo era civil. Su reclamo se difundió en redes y coincidió con publicaciones que lo vinculaban con un jefe paramilitar. La circulación de una imagen falsa añadió otra disputa: en vez de aclarar la identidad del joven, algunos contenidos digitales promovieron una asociación que la familia rechaza y que Defensa dijo no haber sostenido oficialmente.

La exposición también tuvo consecuencias para sus familiares. Franklin contó que recibió una llamada en la que le dijeron que moriría ese mismo día, después de que intentara contactar a un número que luego aparecía fuera de servicio. El relato de la amenaza procede del hermano. La Defensoría del Pueblo informó que había realizado gestiones con las autoridades para conseguir información que permitiera a la familia acceder a la justicia.

El Ministerio de Defensa remitió a la Fiscalía General de la Nación y a Medicina Legal la tarea de esclarecer los hechos y establecer los motivos y actividades de las personas presentes en la zona. La Policía Antinarcóticos no respondió a las preguntas de EL PAÍS sobre Ricardo. Mientras tanto, la familia debe afrontar la pérdida y buscar respuestas ante instituciones que todavía no han explicado públicamente por qué el joven fue presentado dentro del balance del operativo.

El caso no permite afirmar, con la información publicada, que Ricardo perteneciera a las ACSN ni que la denuncia familiar sobre su muerte haya quedado probada en una investigación. Sí deja una exigencia concreta: que las autoridades aclaren la base de su inclusión entre los fallecidos atribuidos al grupo, reconstruyan cómo murió y hagan llegar información verificable a sus allegados. Sin esa explicación individual, el balance oficial de una operación armada no resuelve la duda sobre la muerte de un joven al que su familia recuerda como trabajador del campo.